Los cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas mantendrán esta tarde una cumbre para buscar una solución al conflicto que mantienen Bogotá y Caracas tras el rompimiento de las relaciones bilaterales. "La posición de Brasil es que se debe tratar de enfriar la crisis hasta que asuma el nuevo Gobierno (colombiano)", para que después "se inicien conversaciones" bilaterales, declaró Marco Aurelio García, el asesor de la Presidencia brasileña para Asuntos Internacionales. .

Será una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros, al que llamó Ecuador en su condición de presidente pro-témpore del bloque, y al que ya confirmaron asistencia los 12 países del cuerpo regional.

Entre los asistentes confirmados están los cancilleres de los dos países con relaciones rotas, el colombiano Jaime Bermúdez y el venezolano Nicolás Maduro, cada uno con una propuesta para superar el diferendo.

Maduro continuó hoy con su recorrida por países de la región para presentar la "propuesta de paz", que ayer le llevó al canciller peruano, José García Belaúnde, a Lima; y al presidente y canciller de Bolivia, Evo Morales y David Choquehuanca, respectivamente, a La Paz.

"Bogotá, al acusar falsamente a Venezuela de cobijar a insurgentes colombianos, amenaza a la soberanía y la seguridad venezolanas, buscando justificar su fracaso en la solución del conflicto interno", advirtió Maduro en Lima.

Por su parte, el canciller de Colombia, Jaime Bermúdez, afirmó que acudirá a la reunión extraordinaria de Unasur "sin mayores expectativas" de que se puedan reanudar las relaciones con Venezuela. "El secretario general (Néstor) Kirchner no va a asistir. Varios cancilleres delegaron en su vicecanciller, y en las conversaciones de estos días he encontrado que algunos no consideran conveniente esta reunión", enumeró Bermúdez al explicar su escepticismo con respecto a la cita.

Colombia ya rechazó el martes la iniciativa de paz venezolana -de la que, en verdad, no se conocen detalles- a través de Bermúdez, quien consideró que "un verdadero plan de paz arranca por la no intervención en asuntos internos", e implica también "no permitir que existan los criminales en ningún lugar del mundo, que no tengan ningún espacio físico ni político".

A esta postura, que parece preanunciar algo de lo que puede ocurrir mañana en Quito, se sumó el propio presidente Alvaro Uribe, al afirmar que si Venezuela quiere superar el conflicto por el que atraviesan ambos países debería pedirle "a la guerrilla que está allá que se desmovilice". Uribe insiste de esa manera en su denuncia de que hay insurgentes de las FARC y el ELN en territorio venezolano, con la anuencia de Caracas.

Fue esa denuncia, lanzada hace 10 días y presentada ante la OEA el jueves pasado, la que empujó a la ruptura de relaciones por parte del gobierno de Hugo Chávez. Los vínculos ya estaban "congelados" por Chávez desde hace un año, a raíz del acuerdo Bogotá-Washington para el uso de bases militares.

Miembros de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú se manifiestan frente a la sede diplomática finlandesa en Buenos Aires, en repudio al funcionamiento de la pastera UPM, ex Botnia. Rechazan el acuerdo firmado ayer por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y su colega uruguayo, José Mujica.

El acuerdo de monitoreo conjunto del río Uruguay y de la pastera UPM (ex Botnia) alcanzado ayer por la presidenta Cristina Fernández y por su par oriental, José Mujica, generó rechazos ayer en la Asamblea de Gualeguaychú.

Lejos de quedar conformes, los ambientalistas remarcaron que los puntos acordados entre ambos mandatarios no satisfacen las expectativas que tenían para que el conflicto se encamine hacia una solución.

A pesar de que destacaron que el gobierno uruguayo haya accedido a la toma de muestras dentro de la planta de celulosa, criticaron, entre otros puntos, que se establezca un número máximo de ingresos a la pastera.

Los ambientalistas anunciaron que le pedirán al canciller Héctor Timerman una reunión urgente para que los informe acerca del alcance del acuerdo y de la forma en que se implementará. Por otra parte, el avance de la querella contra varios asambleístas que fueron intimados a nombrar un representante legal fue uno de los temas centrales discutidos anoche en la asamblea.

El Alto Tribunal español volvió a dictar tres órdenes de detención internacional contra los militares estadounidenses implicados en la muerte del camarógrafo español José Couso, alcanzado por el disparo de un tanque en Bagdad en 2003. La medida llega tras la decisión, a principios de julio, del Tribunal Supremo de reabrir la investigación sobre la muerte del periodista durante la invasión de Irak.

El Alto Tribunal había pedido a la Audiencia Nacional (principal instancia penal española) reabrir la investigación que había archivado en julio de 2009, tras estimar un recurso de la familia de Couso. Es la tercera vez que se emiten órdenes de detención contra el sargento Thomas Gibson, el capitán Philip Wolford y el teniente coronel Philip de Camp.

José Couso, cámara de la cadena de televisión privada Telecinco, murió el 8 de abril de 2003 alcanzado por el tiro de un carro de combate estadounidense cuando se encontraba en el hotel Palestina de Bagdad.

En 2006, la Audiencia Nacional había archivado la investigación considerando que la muerte de José Couso se había producido en el marco de un "acto de guerra" que no apuntaba de manera premeditada a los periodistas. El Tribunal Supremo había después rechazado este argumento y ordenado, a petición de la familia de Couso, la reapertura de la investigación.

En 2009, la Audiencia Nacional volvió a archivar la investigación y anuló la imputación por "homicidio y delito contra la comunidad internacional" impuesta a los tres militares estadounidenses. Estimó entonces que los cargos contra estos militares que formaban la tripulación del tanque que disparó el obús que mató a Couso, se basaban en "indicios insuficientes". Además del cámara español, otro cámara ucraniano de la agencia Reuters, Taras Protsyuk, murió en el ataque.